El viernes 16 de octubre de 2020 se llevó a cabo, en formato virtual, la primera de las tres conferencias del ciclo organizado por el Laboratorio de Conocimiento: Visiones de Paz: Transiciones entre paz y violencia en América Latina del CALAS. La conferencia, que fue moderada por Chistine Hatzky, catedrática de la Leipzig Universität Hannover y coordinadora científica del Laboratorio, tuvo como tema: «Policía y paz: Propuestas para superar la violencia policiaca» y contó con la participación de Jessica Martínez Cruz (Michigan State University), Ana Karolina Chimiak (CEPAD, México), Roberto Briceño-León (Universidade Federal do Ceará, Brasil y fellow de la Cátedra CALAS en Brasil) y Sergio Rojas (Universidad de Chile).

En su intervención inicial, Hatzky expusó cuestiones centrales como el problema de la creciente violencia policiaca en las Américas, teniendo como referencia las recientes muertes de ciudadanos a manos de agentes policiales en diversos países de la región, así como la militarización de las policías latinoamericanas y, en general, la dificultad que representa pensar la posibilidad de una «policía pacífica». Esto, contextualizado a partir de la propuesta del Laboratorio que, apunta a problematizar e investigar las transiciones y los momentos liminares donde la violencia parece imponerse en determinados contextos. De este modo, las dos primeras charlas se enfocaron en la presentación y análisis de casos específicos de violencia policial en dos países latinoamericanos y sus alcances respecto a la vulneración de derechos humanos y la necesidad de justicia, mientras que las siguientes abordaron, desde una perspectiva teórica, el problema que representa pensar un accionar policial más allá de los márgenes de la violencia.

En la primera intervención, a cargo de Jessica Martínez Cruz, se presentó el caso de la de la crisis social en Nicaragua, específicamente, en las protestas sociales contra el gobierno de Daniel Ortega iniciadas en 2018 y la violencia policial derivada de esta. La expositora presentó diversos casos para dar cuenta de la violencia por parte de la policía en sectores urbanos, del ejército en las zonas rurales y la complicidad y silencio por parte del gobierno al negar continuamente dichos actos de violencia. En este sentido, Martínez Cruz presentó casos como el tiroteo a estudiantes durante las protestas de 2018 por parte del ejército y el de la reciente muerte de Irenea Mejía Cruz, madre y esposa de asesinados por grupos defensores del gobierno, quien luchó desde 2011 por lograr justicia para sus esposo e hijos. Del mismo modo, refirió los casos de violencia extrema en las ciudades de Masaya, Nueva Segovia y Morimbó, así como el caso de la muerte de cuatro miembros de la comunidad indígena Mayangna a manos de la policía paramilitar. En este sentido, la expositora cuestionó cómo es posible generar conocimiento respecto a estos eventos y afirmó la necesidad de hacerlo.

Ana Karolina Chimiak, por su parte, expusó el problema de la violencia policial en México y las conexiones de los agentes de seguridad con el crimen organizado y la corrupción de las instituciones de orden como uno de los factores más importantes al momento de pensar el actuar violento de las policías en el país. Asimismo, se refirió específicamente a los casos de violencia policial en el Estado de Jalisco y las graves violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas uniformadas, que incluyen casos de tortura, desapariciones, casos entre los cuales el de la muerte de Giovanni López a manos de agentes, caso que marcó el inicio de las protestas sociales contra la violencia policial de junio de 2020. De este modo, Chimiak destacó la importancia y necesidad de juzgar y castigar los crímenes cometidos por agentes policiales y militares para lograr la no repetición de estos, principio fundamental en la lucha por la defensa de los derechos humanos.

Roberto Briceño-León presentó un análisis, desde una perspectiva sociológica, de los diferentes niveles y alcances de la violencia policial, así como posibles maneras de afrontarlos. Distinguió tres niveles: individual, grupal y societal. El primero corresponde a la acción en forma de violencia directa por parte de agentes de policía o en casos de brutalidad policial; el segundo hace referencia a la cultura de violencia que afecta a las instituciones policiales y a las instituciones formadoras de policías; la tercera apunta a cuando el Estado mismo se transforma en promotor y gestor de la violencia, algo que se podría identificar con claridad en casos como el de Venezuela. De este modo, Briceño León propusó posibles formas de afrontar estas violencias, tanto a nivel ciudadano como estatal. En el primer sentido, resaltó la importancia de la fiscalización ciudadana a través del registro audiovisual de acciones de violencia policial, destacó la importancia de la posibilidad de agencia por parte de instituciones y agrupaciones de defensa de los derechos humanos en casos de brutalidad y violencia policial, así como la posibilidad de recurrir a instancias internacionales. A nivel estatal, se refirió al problema de la formación de policías, a posibles mecanismos de rendición de cuentas de funcionarios policiales y la importancia de la independencia del poder judicial para actuar en casos de abuso y brutalidad. Respecto a la relación entre policía, paz y violencia, destacó el dilema que representa la tarea de la policía, toda vez que entre sus funciones aparece el proteger a los ciudadanos a la vez que enfrentarse a criminales y organizaciones que utilizan la violencia como método.

Por último, Sergio Rojas intentó hacerse cargo del problema que representa el pensar una «policía pacífica». Tomando como punto de partida el estallido social chileno de octubre de 2019 y los casos de violencia policial que le sucedieron, Rojas planteó la paradoja que representa el hecho de que la policía chilena pasara de ser la mejor evaluada de América Latina a transformarse en objeto de receló, desconfianza y odio por parte de la población, en un lapso de tan solo tres años. Esto, afirmó Rojas, se relaciona con la brutalidad inédita de la policía, la cual se funda en cuestiones que tienen su raíz en la estructura social chilena donde el racismo, la discriminación, la estigmatización social y el clasismo tienen roles articuladores que se ven reflejados tanto en el accionar policial, como en la formación y segregación interna de las fuerzas de orden. Así, se identifica la imposición de lo que Rojas denomina, haciendo referencia Zygmunt Bauman, una «política del mal menor» , donde los daños causados por la violencia policial al cumplir su misión conservadora del orden social se dan por descontados. De este modo, la violencia policial estaría en directa relación con un problema social y político, algo que permitiría pensar la cuestión de la relación entre policía y democracia. Es decir, la posibilidad de una policía pacífica estaría ligada de forma directa con la posibilidad de una sociedad más democrática como condición de una policía también democrática, es decir, que no tenga como mero objeto el mantener el orden social imperante.

Al cierre de la actividad, los y las expositoras tuvieron oportunidad de profundizar en algunos aspectos y contestar preguntas que surgieron desde el público. En general, hubo consenso en la importancia y urgencia de pensar la violencia policial en América Latina, toda vez que se ha transformado en un problema regular en medio de las diversas crisis sociales que vive la región, siendo la moneda corriente que los gobiernos ofrecen como primera respuesta a legítimas demandas sociales, afectando gravemente el respeto de los derechos humanos. De igual manera, se afirmó la relevancia de pensar las condiciones de posibilidad de instituciones policiales menos violentas y su íntima relación con la necesidad de más justicia social y mayor democratización de las sociedades latinoamericanas.

El panel de diálogo está disponible en el canal de Youtube: CALAS Center y puede acceder aquí a la grabación de la transmisión de la conferencia.